Esta iniciativa ha sido liderada por la Agencia de Defensa de la Competencia y será la Consejería de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo la que estudiará las reclamaciones por daños y perjuicios derivados de actuaciones anticompetitivas en el mercado. Así, a través de la Agencia de Defensa de la Competencia de Andalucía, se elaborará una metodología para analizar las posibles repercusiones que el citado pacto, sancionado con 1.710 millones de multa a seis bancos europeos, haya podido tener sobre los ciudadanos andaluces, sus hipotecas y las entidades financieras. En el grupo participan los tres colectivos de consumidores presentes en Andalucía ( Al-Ándalus , Facua y UCA-UCE ), la Secretaría General de Consumo de la Consejería de Administración Local y Relaciones Institucionales, los directores de la Cátedra de Competencia de la Universidad de Sevilla (profesores de las facultades de Derecho y Económicas) y la propia ADCA

El primer paso será elaborar una metodología para analizar las posibles repercusiones de este cártel sobre ciudadanos andaluces y entidades financieras y para facilitar las acciones de reclamación de daños por infracciones de la normativa de competencia.

Para ello, la Agencia de la Competencia , partiendo del marco jurídico aplicable y de los antecedentes del caso, estudiará y cuantificará los daños y perjuicios, trabajará posibles propuestas de modificación normativa, tanto en este caso, como en otros que se analicen posteriormente, y se encargará de dar difusión a los resultados de este grupo de trabajo.

Por su parte, la Secretaría General de Consumo trasladará al grupo reclamaciones, quejas, solicitudes de arbitraje, etc. de personas consumidoras andaluzas, por actuaciones de operadores en el mercado contrarias a la competencia, con atención especial a los datos de quejas por manipulaciones del Euríbor.

Los directores de la Cátedra de Política de Competencia de la Universidad de Sevilla analizarán el marco jurídico europeo en materia de reclamaciones por daños y perjuicios y estudiarán de forma comparada los principales sistemas de reclamación en la Unión Europea.

La Comisión consideró que estos bancos actuaron entre septiembre de 2005 y mayo de 2008 ( hasta unos tres meses antes de la quiebra de Lehman Brothers ) para manipular los tipos de interés de referencia como el Euríbor ( Euro Interbank Offered Rate ) y el Líbor ( London Interbank Offered Rate ), lo que les permitió ganar aún más dinero que otros bancos que no participaron en la trama.